Santiago, Chile, 10 de octubre de 2019. Durante el segundo día de actividades de la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, el Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Miguel Angel Moir, expuso sobre las oportunidades y desafíos que la transformación demográfica representa para el desarrollo sostenible del país.

Moir informó que entre 1950 y 2000 la población guatemalteca aumentó de casi tres millones a poco más de once millones. De acuerdo al censo el año 2018, la cantidad de población censada fue de casi 15 millones, lo que conlleva desafíos importantes en diversos ámbitos sociales y económicos.

Agregó que según el censo anterior, el porcentaje de población indígena era alto, pero ahora es superada por la población mestiza; las mujeres constituyen el 51.5 por ciento de la población y la tasa de fecundidad ha disminuido, con un promedio de cuatro personas por hogar.

Añadió que el país también se está urbanizando, pues de acuerdo con el censo de 2018, de cada diez viviendas, cuatro están el área rural y seis en el área urbana. Estos subconjuntos de población, según ubicación de la vivienda, demandan un trato preferente de la política pública, si se desea enfrentar con éxito los desafíos que implica el desarrollo.

Entre las oportunidades destacó que la población joven está aumentando, al grado que “estamos de cara al bono demográfico” cuyo auge se producirá en los próximos diez años. En ese contexto, el país se prepara para generar condiciones en los niños que actualmente están en el nivel de educación primaria, “para que como país podamos tener un impacto positivo” del bono demográfico.

Los cambios en las componentes del crecimiento demográfico –mortalidad, fecundidad y migración– provocan modificaciones en el tamaño y la estructura por edades de la población, los cuales repercuten de una manera importante en los distintos ámbitos de la política social, como educación, salud, empleo, vivienda, entre otros.

Las particularidades que adopta la composición etaria dentro del territorio nacional (según contextos sociales y espaciales) tienen enorme relevancia para el diseño de medidas tendientes a satisfacer las demandas sociales de los diferentes grupos de población, acotó.

Otros desafíos a los que se enfrenta el país derivados de los cambios en el tamaño y la composición por edades de la población, se refieren principalmente en los sistemas de educación, salud, vivienda y empleo. Y en temas educativos, principalmente en el incremento de la cobertura y servicios en la enseñanza media o secundaria y de profesores para los siguientes años. En materia de salud, conlleva una considerable expansión en la cobertura de salud, dada la demanda creciente, de la población menor de 15 años.

Según informó CEPAL, en la reunión participaron 24 delegaciones de ministros y autoridades de los países miembros de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, además de representantes del sistema de las Naciones Unidas y de la sociedad civil. Los gobiernos presentaron los avances nacionales en la implementación del Consenso de Montevideo y abordaron las buenas prácticas y desafíos pendientes teniendo en cuenta las sinergias con otras agendas relacionadas en el marco la Agenda 2030.

El Consenso de Montevideo, adoptado en la primera reunión de la Conferencia Regional, celebrada en 2013 en Uruguay, incluye medidas sobre la integración de la población en el desarrollo sostenible y sobre las áreas de infancia, adolescencia y juventud, envejecimiento, salud sexual y reproductiva, igualdad de género, migración, desigualdad territorial, pueblos indígenas y afrodescendientes, informó también CEPAL.

 

Guatemala, 8 de octubre de 2019. Con el propósito de dar a conocer una propuesta de indicadores para medir la contribución de las empresas a la Agenda de Desarrollo Sostenible, el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala –CentraRSE-, organizó una conferencia en la que participaron representantes de distintas empresas y organizaciones empresariales, así como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

Como antecedente, es de mencionar que este año, en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible –FPAN-, de Naciones Unidas, una de las discusiones ha sido cómo medir y reportar la contribución de las empresas al desarrollo sostenible. Guatemala, a través de CentraRSE, participó en la validación de la Guía de los indicadores clave desarrollados por ISAR/UNCTAD –Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y presentación de Informes-, con el objetivo de formular un marco internacional reconocido y estandarizado para medir esa contribución.

En la Conferencia se presentó una batería de indicadores como herramienta para que las empresas fortalezcan su modelo de sostenibilidad de manera estratégica, moviéndolo de un escenario de RSE filantrópico a un modelo de sostenibilidad y facilitar el reporte de país del indicador del ODS 12.6.1 sobre reportes de sostenibilidad publicados por el sector empresarial. Se tuvo la participación por videoconferencia, de Isabel Garza, oficial de UNCTAD, quien resaltó que uno de los mecanismos de medición y reporte de los países son los informes nacionales, tal como la Revisión Nacional Voluntaria que Guatemala presentó en 2019.

En su participación, la asesora en materia de ODS, de SEGEPLAN, Margarita Cano, destacó que como parte del compromiso del Estado de Guatemala de presentar informes sobre los avances en la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, todos los actores deben sumar esfuerzos para una medición más rigurosa de sus contribuciones.

En ese sentido, señaló que la cultura de datos en el país “es bastante débil”, por lo que debemos “fortalecer nuestros mecanismos de monitoreo”, reconociendo que en las estadísticas oficiales “nos falta mucho por hacer todavía”. Añadió que en este tema, se necesita que otros actores del desarrollo, como el sector empresarial también tengan herramientas que sean útiles no solo para medir las contribuciones, sino también para comunicar, pues como había señalado un expositor, “no solo hay que hacer las cosas, sino también contar la historia”.

En ese sentido, reiteró que la SEGEPLAN tiene “todo el interés de seguir trabajando en co-iniciativas”, como la que tiene con CentraRSE, con quien suscribió un compromiso en 2018, que permitan reportar de mejor manera la información de país”, y que ésta también contribuya a retroalimentar “nuestras decisiones de Política Pública y las acciones del sector empresarial para promover el desarrollo sostenible inclusivo, que repercuta en las prioridades de desarrollo, que tenemos ya definidas”.

Cano recordó que el primer Informe de la RNV que Guatemala presentó en 2017, contenía información básicamente de Gobierno, pero que un logro del segundo informe de la RNV que se presentó este año, es que participaron diversos actores, como el sector público, sector empresarial y sociedad civil, los que reportaron sus contribuciones en la implementación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo. Un ejemplo de ello, fue que la participación del país en el Foro Político de Alto Nivel fue multiactor, incluyendo a Centrarse y CACIF. Sin embargo, el reto es que sea más rigurosa la información sobre los aportes de cada sector para contar con datos valiosos que permitan retroalimentar la implementación.

El Director Ejecutivo de CentraRSE, Juan Pablo Morataya, por su parte, reconoció que “es una tarea muy fuerte y un compromiso de país, tener la capacidad de sistematizar y de comunicar todo lo que Guatemala está haciendo en temas de sostenibilidad”. También señaló que “no hemos hecho la tarea de sentarnos a sistematizar con números y con datos, todo el aporte del sector privado al desarrollo sostenible”.

Añadió que el sector privado es uno de los actores fundamentales en el país en temas de generación de empleo, pago de impuestos, fortalecimiento de la educación, y que “una empresa en un área geográfica específica, puede ser el factor de transformación social, económica y ambiental”.

Santiago, Chile, 9 de octubre de 2019. El Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Miguel Angel Moir, en nombre del Gobierno de Guatemala, informó de los avances y desafíos para la integración de la población en el desarrollo sostenible, en la Cuarta Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se realiza en Chile.

El evento fue inaugurado por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Conferencia Gloria Montenegro; el Secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la CEPAL, Raúl García-Buchaca y el Asesor de UNFPA, Pablo Salazar. Participan ministros y autoridades de los países miembros, representantes del Sistema de Naciones Unidas y de la sociedad civil.

Moir abordó lo que el país hace en los temas de salud, educación, empleo, migración, gestión de riesgos y ordenamiento territorial. En materia de salud se refirió a las acciones en temas como mortalidad materna, mortalidad infantil, prevención de infecciones de transmisión sexual -ITS, VIH/SIDA-. Señaló que el país tiene la meta de bajar en 20 puntos porcentuales la razón de mortalidad materna, para lo cual se ha hecho una inversión de unos Q33 millones y el desafío es invertir en todas las etapas: prenatal, parto y post parto.

En el indicador mortalidad infantil y atención a la niñez, informó que el Ejecutivo ha fijado como una prioridad la disminución en 10 puntos por cada mil nacidos vivos. Al año 2018 se alcanzó la meta de 25 muertes por cada mil nacidos vivos, por lo que se replanteó la meta para el próximo período, para que se reduzca 5 puntos. Se enfatiza en tres etapas: neonatal, pos-neonatal y menores de 5 años. Como las causas de mortalidad están relacionadas con la madre, neumonía o infecciones respiratorias agudas y diarreas, la respuesta es la entrega del servicio de vacunación, con esquema completo de 1 a 5 años, y cuenta con un presupuesto de Q309.12 millones. La meta física es de 1,304,486 mil niños y niñas vacunados.

En materia de educación, en cuanto a medidas de protección social dijo que se han priorizado acciones para la mejora de las condiciones de la población vulnerable, en pobreza y pobreza extrema, entre ellas las transferencias condicionadas. Las áreas de intervención están en los ámbitos de: Reducción de la pobreza y protección social, por medio de comedores sociales y bono social para educación; seguridad alimentaria y nutricional, por medio del Bono en Salud; Empleo e Inversión: beca social educación media y superior, y Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia, por medio del programa “Jóvenes protagonistas”.

La cobertura de los programas de comedores sociales está en 13 departamentos (24 municipios), jóvenes protagonistas, en 22 departamentos (27 municipios). Las transferencias monetarias en salud y educación tienen una cobertura en 22 departamentos y 285 municipios. También mencionó el Programa Alimentación Escolar.

En el tema del empleo señaló que para tratar de incidir en las metas, se realizan intervenciones en servicios de desarrollo empresarial (iniciativa Promipymes), apoyo financiero y registro de garantías mobiliarias (Fondo de desarrollo de la Mipyme), intermediación laboral (ferias y quioscos de empleo), implementación de nuevas políticas públicas (Política Nacional de Empleo Digno), así como formación y capacitación para el trabajo (becas de empleo, formación ocupacional certificable y no certificable).

Por otra parte, dio a conocer que en trabajo digno y decente, se identificaron cuatro acciones estratégicas que se están ejecutando, referidas a la erradicación del trabajo infantil, la Política Nacional de Empleo Digno, inspección laboral y Convenio 169 de la OIT. En el periodo 2015-2018 se prestaron servicios que permitieran una mejora significativa: Aumento de 3 por ciento en la cartera de microcréditos; Incremento de 4 por ciento de créditos dirigidos a grupos empresariales menores y 21 sedes departamentales de orientación para el empleo

En lo que respecta al tema de migración, informó que Guatemala está haciendo esfuerzos conjuntamente con El Salvador, Honduras y México para tratar de resolver ese problema. El país concentra los esfuerzos en estos aspectos: Personas atendidas 6,167.978; personas en condición de deportadas atendidas, 101,217, y se prestan servicios básicos de atención a migrantes en tránsito. Asimismo, 12,614 guatemaltecos acceden a programas de movilidad laboral al Sur de México y Canadá.

Mientras tanto, en Gestión de Riesgos se han acreditado 118 coordinadoras para la reducción de riesgos a nivel nacional y a través de medios masivos se ha informado a 339,360 personas sobre prevención de riesgos a desastres. Por otra parte, 578,940 personas han sido atendidas por múltiples incidentes. Resaltó que el Ordenamiento Territorial es una prioridad de país, contemplada en las metas estratégicas del desarrollo contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la agenda 2030, que delinean la ruta a seguir para lograr los cambios esperados en la población y su entorno territorial.

Finalmente, el Secretario Moir expresó que la gestión de la planificación y el ordenamiento territorial a nivel municipal contribuyen al proceso de coordinación y organización para implementar las prioridades, lo cual requiere de decisión política de las autoridades locales, que trascienda períodos administrativos, de tal manera que se concrete en instrucciones técnicas para el desarrollo de intervenciones costo efectivas, la asignación de presupuesto vinculado a una planificación estratégica y en el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Guatemala, 07 de octubre de 2019. Tras un análisis, el Centro de Pensamiento Independiente –CEPEI-, con sede en Colombia, señala los logros, aciertos y retos, del Informe de la Revisión Nacional Voluntaria –RNV -, presentado por nuestro país en el mes de julio, ante el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas –FPAN-, en Nueva York, Estados Unidos. Asimismo formula recomendaciones para futuros informes.

El CEPEI se define como un Centro de Pensamiento Independiente, sin ánimo de lucro, fundado en 2002, que busca promover la participación de América Latina y el Caribe en las agendas globales sobre el desarrollo, a través de la investigación, la exploración de datos, la generación de conocimiento y la incidencia de alto nivel.

En su página web: http://www.cepei.org/ señala que como parte de su misión de promover la generación de capacidades entre los actores del desarrollo, ha generado diferentes contenidos para difundir las agendas de desarrollo entre los públicos interesados, de manera masiva y gratuita desde 2017.

Refiriéndose a la RNV 2019 de Guatemala, en cuya elaboración participaron diversos actores del desarrollo de nuestro país, entre ellos el sector público, el empresarial, la sociedad civil y la academia, liderados técnica y metodológicamente por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, señala que “El informe complementa y profundiza el contenido del primero de 2017, generando una buena continuidad y articulación entre ambos, evitando la sensación de repetición”.

Añade que “dentro de la estructura del informe, los objetivos nacionales se alinean a distintas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, resultando atractivo y de fácil comprensión, de una manera integrada”. Asimismo reconoce que “a pesar de las limitaciones en materia estadística, como señala el propio informe de la RNV, es notorio el esfuerzo por aprovechar los recursos existentes, logrando así la incorporación de capítulos estadísticos organizados en metas agrupadas”.

El CEPEI indica también que dentro de la incorporación de la Agenda 2030 a nivel nacional se ha dado un avance dentro de las responsabilidades de cada cuerpo y la alineación entre agendas es protagonista dentro del informe de RNV 19, presentándose a detalle, alcanzando la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo un 90 por ciento de concordancia temática.

También indica que en el informe de RNV se hace mención de la participación de múltiples actores en la implementación de la Agenda, como lo es el CONADUR, subcapítulos dedicados a la labor del parlamento y el poder judicial. Por otro lado, agrega, la sociedad civil se considera desde la percepción y en una acción de menor medida a la implementación de los ODS.

Considera que dentro de la esfera del financiamiento para la implementación de la Agenda 2030 no hay información específica de los recursos necesarios para la implementación o sobre las brechas a cerrar; sin embargo, indica, el informe hace la mención de la misión de expertos del FMI que evaluó las necesidades de gasto en ODS, además del ejercicio de Presupuesto Abierto en el país.

El citado Centro de Pensamiento indica también que “Tomando en cuenta lo anterior, el reconocimiento que se hace al informe guatemalteco no es tanto en la actualización sino en la profundidad analítica, además del acento entre la agenda global sobre el Plan Nacional de Desarrollo”. Añade que es de reconocer la creación de áreas en donde se contaba con datos parciales o inexistentes, existen hallazgos de necesidades pero lo que es indispensable es la definición precisa de datos a futuro y carencias específicas de las cuales podría ser participe el apoyo extranjero.

Al referirse a los hallazgos generales de los informes de América Latina y el Caribe, el CEPEI, en sus recomendaciones para los informes de Segunda Generación, indica que bajo la premisa de que la lógica que se utilice para la realización del primer informe debe ser distinta a la utilizada en el segundo, los primeros tienen una lógica que muestre la situación inicial, mientras que los segundos una lógica más dinámica.

“Guatemala, resalta, ha servido como ejemplo dentro de una de las dos estrategias de conexión, la primera es la de continuidad, en donde se retoma el análisis a partir de la evolución de compromisos, mientras que la segunda (a la cual pertenece la segunda RNV del país) utiliza la profundización, en donde se aborda un camino de profundidad analítica”.

CEPEI en su análisis sobre el informe de la RNV 2019 de Guatemala, expresa que se lamenta la demora de la publicación de la versión final del mismo. Sin embargo, vale la pena mencionar que la SEGEPLAN socializó el contenido del informe con los diversos actores y sectores del desarrollo del país, quienes lo validaron, e incluso durante un taller previo a la presentación ante el FPAN, se recibieron diversos mensajes y recomendaciones para su presentación ante el FPAN, los cuales expuso el Secretario de SEGEPLAN, Miguel Angel Moir. El interés primordial del país al elaborar el informe es presentar y socializar los resultados con los actores relevantes a nivel nacional, por lo que desde el mes de julio se han realizado otros eventos para este efecto.

Cabe resaltar que en el caso de Guatemala, todos los integrantes de la Delegación se presentaron en el FPAN, y apoyaron el contenido de la RNV, a diferencia de otros países que lo hicieron de forma separada.

 

Guatemala, 1 de octubre de 2019. Con el propósito de fortalecer el diálogo y la agenda de cooperación internacional en busca del desarrollo entre ambos países, se celebró la Décima Reunión de la Comisión Mixta Técnica, Científica, Cultural y Educativa entre Guatemala y Colombia.

La reunión concluyó con la aprobación de una cartera de 10 proyectos, de los cuales cinco son a demanda de Guatemala, dos a demanda de Colombia y tres quedaron en consulta.

Por Colombia participaron la Directora de Cooperación Internacional, Marcela Ordóñez Fernández; el Embajador en Guatemala, Juan Hurtado Cano, así como representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC-.

Mientras que por nuestro país lo hicieron la Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, Michelle Prieto; la Embajadora en Colombia, Reagan Vega; el Director de Cooperación Internacional de Cancillería, Nelson Olivero, acompañados por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX-, y representantes de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, Finanzas Públicas –MINFIN-, Gobernación –MINGOB-, Economía –MINECO- y de Cultura y Deportes –MICUDE-; Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP-, y de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT-.

La reunión fue coordinada por la Subsecretaria Michelle Prieto, quien agradeció la cooperación de Colombia en distintos programas y proyectos para el desarrollo del país. Por su parte, la Directora de Cooperación Internacional de Colombia, Marcela Ordóñez Fernández, hizo énfasis en la importancia de enfocar los proyectos en las prioridades nacionales, y destacó que “esperamos continuar contribuyendo al desarrollo sostenible, trabajando de la mano con Guatemala”. También agradeció el apoyo guatemalteco en varios proyectos, destacando que “eso es lo que hace tan especial la Cooperación Sur Sur, ese espíritu de generosidad que la inspira”.    

Los participantes hicieron la presentación de los proyectos que conforman el Programa Bilateral de Cooperación 2019-2021. Los cuales son: Fomento y agroindustrialización del cultivo del cacao, segunda fase; Redes juveniles de emprendimiento para la generación de empleo; Intercambio de conocimientos para la actualización de la metodología para la determinación de zonas homogéneas geoeconómicas; Replicar el modelo colombiano de los programas: 1) Bomberos Indígenas y 2) Parque Mundo Amazónico, aprender para no perder, en los Departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, Alta Verapaz y Petén.

También, los programas Competitividad y sostenibilidad en ciudades turísticas y aledañas, a través de la capacitación y el emprendimiento de sus habitantes; Certificación SBDC (Small Business Development Center) para Centros de Emprendimiento del INTECAP y Proyecto de Cooperación Educativa en Ciencia y Tecnología, entre la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Fondo Colombiano –COLCIENCIAS-.

A demanda de Colombia a Guatemala, se plantearon los proyectos: Fortalecimiento de los esquemas asociativos de las mujeres empresarias rurales, de Duitama, Boyacá, y Fortalecimiento de la actividad artesanal en mujeres del sector urbano y rural, del Departamento de Amazonas.

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